Casos de interés público

Descripción:
La investigación comienza a partir de una denuncia penal a finales del año 2016, realizada por una víctima y testigo de múltiples abusos sexuales en el Instituto religioso para niños sordos “Antonio Próvolo” de Mendoza. Cuando ésta toma estado público, Xumek decide ponerse al servicio de las víctimas.

En noviembre del 2016, Xumek presentó un amicus curiae en el cual recomienda a la Fiscalía de Instrucción que durante la investigación penal se apliquen normativa nacional e internacional sobre protección integral para personas con discapacidad. También, frente al requerimiento de las víctimas y de sus familiares, a través de nuestra Secretaría de Litigio Estratégico, nos constituimos como querellantes representando sus intereses.

Los imputados

A partir de la detención de los curas Nicola Corradi (82) -director del Instituto- y Horacio Corbacho (56) muchas más víctimas se animaron a ofrecer sus testimonios, asegurando haber padecido sometimientos sexuales. Particularmente, se denunció a otros victimarios: Jorge Bordón (50), J.L.O. (41) y Armando Gómez (46), estas últimas dos personas sordas se desempeñaban como jardineros.

Fue así que, a mediados de diciembre, se conocieron los antecedentes del cura Nicola Corradi, quien había sido trasladado desde Verona a nuestro país en el año 1984 luego de múltiples denuncias de abusos sexuales a niños sordos del Instituto Próvolo de esa ciudad italiana. Desde ese año y hasta 1998, se desempeñó en la sede del instituto de la ciudad de La Plata. Para luego, trasladarse a Mendoza e inaugurar en nuestra provincia la tercera sede en el mundo de esta institución dependiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Por tal motivo, desde el Ministerio Público Fiscal mendocino se puso en conocimiento a la Fiscalía de La Plata de esta situación. Además, pudo conocerse que en el año 2008 fue radicada una denuncia penal por delitos sexuales en el instituto lujanino cuyo expediente no presentó investigación alguna, no se tomó ninguna medida conforme a la ley y a los protocolos de actuación ante casos de denuncia de abusos sexuales y tampoco se citó a la víctima menor sorda.

Aun, ante este escenario lamentable de víctimas altamente vulnerables, en el mes de abril, se dictó el pedido de captura contra una monja que cumplía funciones de cuidadora en el albergue, Kumico Kosaka (42), a raíz de que en varias declaraciones fue señalada como responsable de abusos sexuales dada su participación en los mismos. La imputada, finalmente, fue detenida y actualmente se encuentra en prisión preventiva por ser responsable de los hechos que se les imputa.

En la actualidad la Justicia penal mendocina, ante pedido expreso de Xumek, ordenó la imputación por participación secundaria de las diferentes autoridades del instituto en el periodo 1998 – 2016 (4 ex-directoras y personal pedagógico), por considerarlas responsables en última instancia en el accionar delictivo del instituto.
Las víctimas

Cabe destacar que esta causa penal presenta particularidades debido a la discapacidad auditiva de las víctimas, por lo que se tomó la decisión de que cada declaración sea realizada en la modalidad de cámara gesell, en la que es fundamental el rol de intérpretes para poder comprender la lengua de señas. En muchos casos, las posibilidades de comunicación son escasas, ya que en el instituto no se enseña lengua de señas. También, a muchas de las víctimas les ha llevado años aprender este lenguaje, ya que debían hacerlo fuera del instituto y con sus propios recursos. Así mismo, fue un costoso proceso poder desarrollar la fortaleza que les permita enfrentar el miedo de sus victimarios y comenzar a contar lo sucedido.

Existen también otros factores que determinan la grave situación de vulnerabilidad de las víctimas: se trata de menores de edad -niños y niñas desde los 5 años-, que en algunos casos, además de la discapacidad auditiva presentan otro tipo de discapacidad.

Modus Operandi

Con el avance de la investigación, Xumek ha tomado conocimiento de una gran cantidad de hechos aberrantes de abuso sexual y corrupción de menores. Se ha podido desentrañar el modus operandi de los acusados: elegían entre sus víctimas a los niños y niñas más vulnerables, en un primer momento se los maltrataba físicamente. Generalmente se trataba de aquellos que se albergaban en la institución y cuyo núcleo familiar se encontraba en zonas lejanas, de esta forma se limitaban las posibilidades de que los mismos transmitan lo ocurrido a sus familias. Si el niño o la niña era reticente a los golpes o daba aviso a su familia, no llegaba a ser víctima de abusos pero sí de al menos malos tratos. Si por el contrario, no comunicaba lo ocurrido a su familia, se transformaba inmediatamente en víctima de delitos sexuales.
Se entiende que estos niños y niñas también han sido víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes con la finalidad de aumentar el grado de vulnerabilidad de las víctimas, para someterlos sexualmente y asegurar la impunidad, incluso los levantaban de sus camas por las noches y los llevaban al jardín en invierno, o los encerraban en una habitación sin luz ni comida por días, como método de tortura.

Situación actual de la causa

En la actualidad hay siete personas detenidas y el número de víctimas es indefinido, ya que crece a medida que avanza la investigación, debido a que personas que son citadas a declarar como testigos manifiestan también haber sido víctimas.

La Justicia se encuentra analizando la posible responsabilidad penal de otras personas que trabajaron en el instituto (curas, monjas, psicólogos, psiquiatras, profesores y directivos), lo que podría derivar en nuevas imputaciones por tener una participación necesaria en la comisión de los delitos o en la omisión de supervisar el lugar y llevar los registros obligatorios de cualquier institución educativa.

Los aberrantes hechos que se hicieron públicos a partir de este caso causaron una gran conmoción social. La Iglesia Católica Apostólica Romana ha tomado una postura cuestionable. Una comitiva especial, enviada por el Vaticano a nuestra provincia para realizar una investigación interna, no brinda información respecto de las instituciones y las personas acusadas. Sólo toman medidas que aseguran la impunidad y la posibilidad de seguir cometiendo abusos sexuales e institucionales, contrariando lo exhortado por el Comité de los Derechos del Niño del 25 de febrero de 2014 (observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede).
Finalmente, el caso ha tenido grandes repercusiones a nivel nacional e internacional, siendo difundido por los medios de comunicación más importantes del mundo, dada la alta vulnerabilidad de las víctimas y la alta responsabilidad de sus victimarios.

HITOS DEL DESARROLLO DE LA CAUSA

La investigación comienza a partir de una denuncia penal a finales del año 2016, realizada por una víctima y testigo de múltiples abusos sexuales en el Instituto religioso para niños sordos Antonio Próvolo.

NOVIEMBRE 2016: Días después de realizada la mencionada denuncia, Xumek presenta un amicus curiae en el cual recomienda a la fiscalía de Instrucción que durante la investigación penal se apliquen normativa nacional e internacional sobre protección integral para personas con discapacidad; a su vez, mediante la secretaría de Litigio Estratégico, Xumek se convierte en representante de la querella, defendiendo los intereses de víctimas y familiares.

DICIEMBRE 2016: Se conocen los antecedentes del cura Nicola Corradi, quien había sido trasladado desde Verona a nuestro país en 1984, luego de múltiples abusos a niñxs en Italia.

ABRIL 2017: Se dicta el pedido de captura contra una monja que cumplía funciones de cuidadora en el albergue, Kumiko Koraka, acusada de participar en los abusos. Fue detenida y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.
ABRIL 2018: Se presenta una denuncia contra enviados del Vaticano por parte de los abogados de la querella, entre ellos Lucas Lecour y Sergio Salinas (presidente y vicepresidente de Xumek, respectivamente), a Dante Simón y Juan Martínez, por disponer de información esencial para la agilización en el esclarecimiento de los casos y no haber proporcionado la misma a la Justicia.

JULIO 2018: La jueza de garantías, Alejandra Alonso, no hizo lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa de uno de los imputados, Armando Gómez. Al mismo tiempo presentó sus conclusiones sobre el proceso e informó que la causa será elevada a juicio, para juzgar a los 4 primeros imputados (Armando Gómez, Jorge Bordón ex administrativos del instituto y los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi).